sábado, 10 de julio de 2010

Por el cede de comercialización
CARBAP también lo evalúa
La protesta obedece a dos iniciativas impulsadas por el gobierno, impulsa una oblea obligatoria para las cartas de porte. El Ejecutivo quiere reformar el Estatuto del Peón rural

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa evalúa un cese de comercialización en ambas provincias como medida de protesta ante el peligroso avance de dos proyectos de ley: Uno para establecer una nueva oblea para el transporte de granos y del proyecto del Estatuto del Peón Rural –propuestos por el Ejecutivo- elaborado de manera unilateral sin previa consulta con las entidades sectoriales involucradas.
El primer proyecto obligaría a incorporar una onerosa oblea, de un costo aproximado de $ 50 en cada Carta de Porte para el transporte de Granos. Lo recaudado, que podría llegar a los u$s 100 millones por año, recurso que se destinaría a financiar las actividades de la fundación IVETRA. El avance de este proyecto tras la aprobación de la AFIP y de la Secretaría de Transporte contradice los anuncios realizados hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva Carta de Porte gratuita y segura.
"Ahora se explican los verdaderos motivos, denunciados por CARBAP en su oportunidad, que tuvo el Gobierno para quitarle la emisión y distribución de estos documentos que, con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas, realizaban FAA y la Federación de Acopiadores de Cereales".
El segundo proyecto que envió el Poder Ejecutivo modificando el Estatuto del Peón Rural, sin discusión ni debate previo, no tiene otra finalidad que desfinanciar y deslegitimar a la UATRE intentando castigar a su Secretario General, Gerónimo Venegas, por la posición que él ha asumido en el actual contexto político.
CARBAP entiende que estas actitudes arbitrarias e irresponsables de premiar y castigar a entidades sindicales alineadas y no alineadas, modificando estructuras jurídicas y tributarias nacionales, sin el previo debate con los sectores involucrados y de manera unilateral, ponen una vez mas en peligro la seguridad jurídica, hecho que perjudica enormemente a las instituciones y a la propia republica. La Confederación realizará las gestiones parlamentarias necesarias para rever dichos proyectos, y en la medida que estos avancen unilateralmente en el Congreso Nacional evalúa un cese de comercialización. (NAP)