Tras las elecciones:
Frigoríficos esperan más medidas contra la informalidad
El presidente de Fifra dijo que “la presión fiscal es el detonador de la marginalidad”. Piden una alícuota “mínima” de Ingresos Brutos.
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) reclamó que “se avance en la resolución de los verdaderos problemas que tiene la cadena”, a través de la introducción de cambios en la presión fiscal que reduzcan la informalidad y de mayores controles por medio del Senasa.
“Superada la instancia de las elecciones el 22 de Octubre, el sector espera que se avancen con temas muy sensibles y claves para el trabajo de la cadena de ganados y carnes”, señala el presidente de Fifra, Daniel Urcía, en la editorial que encabeza la publicación mensual de esta entidad.
Urcía destaca las acciones llevadas a cabo para regularizar el accionar de las “pseudo-cooperativas” pero afirma que ese no es el tema de fondo a atacar, sino la “presión fiscal” que considera “el detonador de la marginalidad”.
Ingresos Brutos
El dirigente recuerda que, para disminuir esta presión impositiva, desde el sector han venido trabajando con las provincias para reducir alícuotas de Ingresos Brutos y otras tasas que incrementan el precio de venta de la carne y conllevan a acciones evasoras o elusoras.
“La definición de la alícuota de ingresos brutos en ésta época del año, cuando se definen las leyes impositivas, es crucial para el avance de la transparencia”, resume Urcía.
Y añade: “La carne tiene una ponderación especial en la construcción del índice de precios pero no tiene la misma incidencia en la definición de las alícuotas impositivas. Desde Fifra consideramos que al ser un producto sensible para el consumidor argentino, que en tal sentido tiene una alícuota reducida de IVA, debería tener una alícuota mínima de Ingresos Brutos”.
El también director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (Afic) de Córdoba sostiene que las provincias reconocen que les resulta muy difícil la fiscalización y, por eso, recaudan muy poco por estos conceptos.
Carnicerías
“Atento a esos magros resultados obtenidos por algunas de las provincias que en los últimos años solo han aumentado alícuotas, consideramos que es el momento de cambiar de estrategia en función de algunas experiencias que resultaron exitosas. La reducción de alícuota para los matarifes abastecedores por parte de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con vigencia a partir del 01/01/2017 permitió el blanqueo de operadores y mejoró la recaudación, ahora es el turno del comercio minorista y que todas las jurisdicciones restantes adopten políticas similares”, ejemplifica Urcía.
Es decir, la idea sería que todas las carnicerías también sean fiscalizadas, para reducir la evasión. “El empadronamiento de las carnicerías en un registro ágil y sencillo que se haga por vía informática de Afip, vendría a establecer los puntos de ventas a los cuales Frigoríficos y Matarifes estarían facultados a facturar. Es decir, un registro inmediato y de fácil instrumentación”, sugiere Urcía.
Y continúa: “Consideramos que para ejecutar cambios no hace falta desarrollar sistemas muy sofisticados con desarrollos científicos que demoran su implementación, disminuyendo la presión fiscal se reduce drásticamente la evasión y la competencia desleal. Tratar de detectar un mosquito cuando pasan elefantes por delante no sería la estrategia adecuada”.
Senasa
Por otra parte, Fifra pide mejorar e intensificar los controles sanitarios, a través del Senasa.
Para Urcía, “es necesario avanzar en la regularización sanitaria de los establecimientos de faena unificando a todos en la categoría Mataderos-Frigorificos tipo A, eliminando las categorías (B-C y Rural) de habilitaciones provinciales y municipales”.
“Senasa debe ejercer sus potestades, que dejó de ejercer producto de las influencias ‘políticas’. A nuestro criterio, tiene facultades para ingresar y clausurar cualquier matadero en el país, siempre que no estén dadas las garantías sanitarias de faena que aseguren la inocuidad de la carne y ponga en riesgo la salud de la población. Si alguna autoridad sanitaria local entendiera lo contrario, debería tener que probarlo ante la Justicia. El camino fácil durante décadas ha sido el de no meterse cuando un matadero es habilitado por una Provincia o Municipio: es tiempo de cambiar”, concluye la editorial. Fte: Agrovoz
