Cambio climático y el seguro agrícola
por Arturo Navarro*
El calentamiento global es la elevación de las temperaturas
debido a las emisiones de gases de efectos invernadero. Aumentos
de lluvias en centro y norte del país, incremento de la duración y
frecuencia de sequías en el centro y norte del país, incremento de
la duración y frecuencia de sequías en el Oeste y el Sur,
multiplicación de eventos climáticos extremos e incrementos en las
enfermedades de los cultivos de granos.
Estos son algunos de los efectos que ya se están haciendo
sentir en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad
creciente en los próximos años o décadas, según el nuevo informe
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se presentó a
principio de abril en Yokohama, Japón, según lo relata Nora Bar
en un matutino porteño.
Estos eventos vienen provocando incrementos de costos y
grandes pérdidas en diferentes sectores. En especial, el sector
agrario, el cual desempeña un papel fundamental en la economía del
país.
Por el cambio climático según el nuevo informe, habrá más
inundaciones y sequías por lo cual es urgente implementar
políticas de estado para cubrir los riesgos climáticos para todas
las actividades agropecuarias y agroindustriales.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y que
no practicamos, es que los productores tengan una cobertura
integral por diferentes riesgos agropecuarios como poseen los
países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo.
No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que
sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Una política que proteja al productor y la agroindustria, la
más importante y eficiente del país, debería diseñarse a través
de dos instrumentos principales que ya se usan en todo el mundo.
1. Política para incentivar el mayor uso de los seguros
agropecuarios por medio de subsidio a la prima, para poder
aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la
prima del seguro. De esa manera se iría cambiando la vocación
aseguradora de los productores y proveedores de insumos, que son
los directos damnificados. Dicho aumento se daría en las zonas
extra pampeanas más pobres y en los productores más chicos.
2. Política para crear y administrar un Fondo Nacional
Permanente por ley para atender todos los daños de los bienes no
asegurables, fondo que atendería exclusivamente a los productores
que tengan asegurados sus bienes asegurables.
La idea es que deben tener premio quienes tienen vocación
aseguradora, para ir generalizando un sistema público-privado que
debe ser solidario, pero no obligatorio para que existan
competencias entre las empresas aseguradoras.
Los países con producciones agrícolas importantes,
desarrollados y no desarrollados, aplican este tipo de políticas
activas.
En EEUU ya tienen coberturas que aseguran los ingresos
proyectados del productor. Esto lo pudieron hacer porque hace años
vienen trabajando por medio de una acción pública-privada en
políticas que atienden los riesgos agrícolas.
La nueva ley agrícola sancionada recientemente eliminó todo
otros incentivo al sector agropecuario y dispuso exclusivamente
mayores subsidios a la prima de los diferentes seguros que tienen
por estados, zonas productivas y por productores.
Mucho tuvo que ver en la decisión de los legisladores los
buenos resultados en las últimas sequías que tuvieron los
productores con seguro agrícola.
En España se viene aplicando estas política desde el año 1978
por el Pacto de la Moncloa y después de haber recorrido tantos
años tienen un sistema consolidado, que cubre con subsidio en
promedio el 50% de la prima al productor independiente y el 80%
para los grupos de productores.
Mientras que en China también han implementados políticas
activas con la prima del seguro haciéndose cargo de un porcentaje
cada parte: Un 33% lo paga el estado nacional; otro 33%, las
provincias y el 33% restante el productor. Según la información
el productor tiene un subsidio del 66%.
El Brasil todos los años va asignando un mayor presupuesto para
el subsidio de prima que van del 40% al 60% según los productores,
con la limitación por productor de 51 mil reales.
La estrategia es cubrir la mayor cantidad de pequeños y
medianos productores que son a quienes hay que atender para evitar
que salgan del sistema por algún evento climático. Es un sistema
relativamente nuevo pero muy interesante conocerlo porque permiten
actuar a todos los operadores y demandantes.
Un país como Argentina que siembra más de 32 millones de
hectáreas y que produce 100 millones de toneladas de granos
manifiesta las siguientes contradicciones: (a) que los bancos
oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) que se siga
vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y
(c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna
considerando que es una explotación a cielo abierto.
Después, todos reclaman por los 500 millones de pesos del fondo
de la obsoleta ley de emergencia agropecuaria, que no alcanza
para atender al menor de los eventos que se viene produciendo con
los cambios climáticos.
Por lo tanto, la dirigencia agropecuaria tiene la
responsabilidad de poner urgentemente este tema como una de las
políticas de estado para el agro en la agenda nacional.
No es por casualidad que los partidos políticos no le den
prioridad a este tema en sus propuestas, si las entidades no lo
proponen. Las consecuencias de los cambios climáticos están con
nosotros, por lo cual hay que actuar en consecuencia sobre cómo
atenuarlos en el sector agropecuario que invierte todo su capital
a la intemperie.
AN/MAF
(*) Consultor
