La participación del Estado en la
renta es la mayor en 6 años
De cada $100 que produce una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de Soja, Maíz, Trigo y Girasol; $83,40 se los lleva el Estado.
De acuerdo al informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), de cada $100 que produce una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de Soja, Maíz, Trigo y Girasol, $83,40 se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas.
La participación del Estado en la renta agrícola alcanza el 83,4%, por conceptos de derechos de exportación, impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención. Tal es as, que es la más alta de los últimos 6 años. Para el caso del Trigo alcanza el 140% y para el maíz el 98%.
FADA advierte sobre los retos que esto significa para la sustentabilidad y el empleo.
La participación de diciembre es levemente superior al 81,7% correspondiente a la última medición de septiembre de 2014, pero sustancialmente superior al 73,6% de diciembre de 2013 o al promedio de los últimos 8 años. Cifras similares sólo fueron alcanzadas con las sequías de 2008/09 y 2011/12.
Costos de intervención en los mercados
El incremento entre septiembre y la medición actual estuvo explicado por un aumento de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz. Los costos de intervención son medidos por FADA como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (disponible).
Una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia ha estado por debajo del 10%. En 2008 se introducen los ROE, que básicamente son restricciones o cuotas para exportar que el gobierno otorga a diferentes empresas.
El fundamento de estamedida radica en evitar un desabastecimiento del mercado interno, para lo cual es efectivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo hace caer los precios internos de los productos y termina por desincentivar la producción.
El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados.
Al momento de la elaboración de este informe, el maíz cotizaba al 83% y el trigo al 72% de sus precios teóricos. Este alto costo de intervención, sumado al hecho de que la rentabilidad de estos cultivos ya era reducida, determinan que la participación del Estado en una hectárea media de maíz sea del 97,7% de la renta y en el caso del trigo alcance el 140,5%.
Para realizar estos cálculos, se parte del valor bruto de producción agrícola, medido como el valor internacional (FOB) de cada cultivo multiplicado por el rinde promedio, se calculan los impuestos involucrados, los costos de intervención, los costos, la renta de la tierra (arrendamiento promedio libre de impuestos) y el resultado de la propia producción agrícola.
Si al valor bruto de producción se le restan los costos, obtenemos lo que en el informe se considera como “renta agrícola”.
Implicancias de la participación del Estado
Las implicancias de estos niveles de participación del Estado en la renta y sus implicancias en la rentabilidad de la producción se centran en dos aspectos: uso de tecnología y sustentabilidad.
Uso de Tecnología
En cuanto a la primera, como en cualquier otra actividad productiva, cuando los márgenes son menores, se reducen la inversión y la aplicación de tecnología. Esto impacta de manera negativa en la productividad al utilizar semillas y fitosanitarios de menor calidad, y al aplicar menos fertilizantes. A su tiempo, la reducción de la productividad se traduce en menos exportaciones, menos dólares y menos empleo.
Sustentabilidad
Con la sustentabilidad sucede algo similar, el suelo requiere que se roten los cultivos de una campaña a otra, es decir, que se siembren cosas diferentes, ya que cada uno extrae y repone nutrientes distintos. Esto es bueno para la calidad del suelo y el combate de las malezas.
El problema, es que al ser negativa la rentabilidad de cultivos como el trigo y el maíz, se obliga a los productores a sembrar cada vez los cultivos más rentables, como la soja, con consecuencias negativas sobre la sustentabilidad del sistema productivo.
