Por cada camión vendido de
Trigo el productor pierde $ 18.000
Lo denunciaron los centros de corredores de cereales que piden la derogación de los cupos y permisos de exportación.
Los centros de corredores de granos de la Argentina reclamaron al gobierno la derogación de las reglamentaciones y permisos para exportar el trigo, argumentando que esa decisión "tendría un efecto positivo en las regiones productivas, y aumentaría la producción".
"Las distorsiones que existen en el mercado de trigo continúan generando graves consecuencias económicas a los productores", dice un informe elaborado por los centros que agrupan a los corredores de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos.
El trabajo detalló que en diciembre los productores dejaron de percibir en promedio $610 por tonelada, tomando como parámetro las diferencias entre la capacidad teórica de pago (FAS teórico) y el precio que efectivamente se paga por el trigo en el mercado. "En otras palabras, por cada camión que se comercializa (30 toneladas), el productor deja de percibir $18.000".
"La causa de estos descuentos tiene su origen en la Resolución General 543 publicada en mayo de 2008 que convirtió a los 'Roe Verde' en una suerte de 'licencia previa de exportación', no automática, que la ONCCA (la hoy desaparecida Oficina Nacional del Control de Comercio Agropecuario) podía o no otorgar".
Los corredores continuaron con que "la implementación de este mecanismo (Roes) y el establecimiento de cupos, cuotas y restricciones por parte del Gobierno, atentó contra el desarrollo de los mercados, afectando el proceso de descubrimiento de precios representativos", porque "se desalentó la competencia de la demanda para hacerse de la mercadería. Esto derivó en una distorsión de los precios y en una transferencia de ingresos en el interior de la cadena".
Propuesta
Desde los Centros de Corredores de Cereales señalaron que "la sola derogación de la RG.543 (...) incrementaría el área sembrada, se aumentaría la producción y se produciría un efecto derrame sobre los eslabones de la cadena de valor, y la actividad económica en su conjunto.
Para presentar esta propuesta, las entidades pidieron audiencias con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, pero aún no obtuvieron respuestas. También iniciaron una ronda de reuniones con los posibles candidatos a presidentes y sus equipos técnicos, a los efectos de transmitirles la preocupación por esta problemática que afecta a los productores e impide el normal funcionamiento de los mercados, y solicitar su derogación. (NAP)
