martes, 19 de febrero de 2013

El Gobierno insiste en apoderarse del predio de La Rural 
La SRA denunció que el Poder Ejecutivo pidió al juez federal Sergio Torres que desapodere a la entidad del terreno, algo que había sido rechazado por la Cámara Federal Civil y Comercial. 
La Sociedad Rural Argentina (SRA) denunció una nueva maniobra del Gobierno para expulsarla del Predio Ferial de Palermo: el Poder Ejecutivo pidió al juez federal Sergio Torres que desapodere a la SRA del terreno, algo que se le había prohibido expresamente al Estado por una medida cautelar que, en enero último, dictó la Cámara Federal Civil y Comercial. 
El predio de Palermo es propiedad de SRA desde 1991. Pero el 19 de diciembre último, mediante el decreto 2552/12, el Gobierno declaró la nulidad de aquella compraventa que había celebrado el entonces presidente Carlos Menem. 
Sin embargo, el 4 de enero, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una medida cautelar y frenó la estatización de ese inmueble. En ese fallo, el tribunal de apelaciones estableció que era necesario proteger el derecho de propiedad, por lo cual dispuso que "no se podía despojar" a la SRA del citado predio ni afectar en manera alguna su uso y goce. 
El fallo fue firmado por la Sala de Feria del citado tribunal federal de apelaciones, integrada por los camaristas Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras. 
Ahora, según publicó hoy el diario La Nación, el Gobierno "buscó un atajo y presentó un escrito ante un juez de primera instancia de otro fuero, el juez Torres, para pedirle lo que antes la cámara de apelaciones le había negado". Así lo afirmó el abogado Ezequiel Cassagne, que patrocina a SRA. Según el escrito del organismo estatal, al que tuvo acceso LA NACION, el Gobierno solicitó al juez Torres que excluya a la Rural del predio y nombre a la AABE "depositaria" del inmueble, con intervención de la fuerza pública, si fuere necesario. 
El juez Torres viene investigando una supuesta irregularidad en la compra del predio. La Rural adquirió el terreno por 30 millones de dólares, celebró la escritura pública y tiene una hipoteca por un saldo impago cuyo monto están discutiendo el Estado y la entidad. 
 Según La Nación, en un primer momento, la propia AABE, cuando todavía se llamaba Onabe, dictaminó que el precio que había pagado La Rural no fue un precio vil, algo que ahora sí sostiene el Gobierno. Fuente: Infocampo