Propuestas para las Inundaciones
Por Arturo Navarro
Al observar las reacciones de los diferentes protagonistas ante la dimensión de las últimas inundaciones, que afectaron zonas urbanas y rurales, sus vías de comunicación y el desarrollo normal de las actividades, confirman que el país carece de una política de estado para poder atender en tiempo y forma eventos de esta envergadura.
La información internacional difundida internamente por expertos y comunicadores especializados, confirma que los cambios climáticos serán año a año más reiterados y de mayor envergadura, motivo por el cual es necesario tener protocolos de contingencia para atender la emergencia en el corto plazo y los daños causados a ciudadanos y productores por dichos eventos.
La obsolescencia de la infraestructura general del país, la falta de mantención de canales y rutas en la provincia de Buenos Aires y la falta de las correcciones necesarias que surgieron después de las últimas inundaciones del 2014, gestión que se agrava por la desviación de los fondos hídricos disponibles por el gobierno de Daniel Scioli.
Esta desidia del gobierno provincial, provocó que se cortaran los accesos de las rutas principales a la Capital Federal días previos a las PASO, por la dimensión de esta nueva inundación, provocando demorar y gravísimos daños en los bienes de habitantes y productores en las zonas afectados, hoy muy difícil de cuantificar mientras no se haga la definitiva evolución de los mismos.
El facilismo de buscar culpables de este gobierno, los llevó nuevamente a cometer gravísimos errores en la evaluación del problema. Pretender que toda la inundación es responsabilidad de la construcción de countries y canales clandestinos es subestimar el problema.
En definitiva fue sin quererlo, una confesión de parte de la falta de capacidad del estado, de controlar dichos emprendimientos, por ser parte de la corrupción que está instalada en el país cuando se aprueban este tipo de obras.
La remató el Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernandez, cuando culpó a la siembra directa como la gran responsable por los escurrimientos más agiles de las aguas. Fue el más grave atropello a la razón, al conocimiento y los intereses del país al usar siembra directa en el 90% del área cultivada.
Hay que asumir que las buenas prácticas agrícolas en la argentina - con la siembra directa incluida- están reconocidas en el mundo y estamos exportando el sistema completo. Si todavía no pudo mostrar toda su capacidad de producción internamente, fue exclusiva culpa de la políticas implementadas por este gobierno en los últimos 12 años, que impidió poder mejorar la rotación de los cultivos, especialmente con trigo y maíz, para poder devolverles más cantidad de nutrientes al suelo y producir 20 millones de TT mas de granos por año.
La confrontación del gobierno con el campo le costó al país 150.000 millones de dólares de ingreso desde el 2008.
Las preguntas que me hago ¿Estamos dispuestos a seguir viviendo inundados de droga y de agua? ¿Habrá capacidad de cambio en nuestras dirigencia gremial y política para modificar dichas políticas? ¿Qué más debe suceder para que dichos dirigentes escuchen a especialistas sobre cómo atender los nuevos eventos climáticos con políticas modernas? ¿No sería importante que este tema esté incluido en el temario de los debates presidenciales? Los ciudadanos y productores esperaran respuesta a estas preguntas, después de las grandes pérdidas de sus bienes en esta nueva inundación.
Cuando toda la dirigencia de España acordó las políticas para cambiar el país y fijar políticas de estado a largo plazo en el Pacto de la Moncloa fue incluida las políticas para atender los eventos catastróficos. Hoy esas políticas tienen continuidad y disponen de fondos especiales muy importantes, que se pudieron consolidar a través de los años con el aporte de los mismos protagonistas.
Estos son algunos de los efectos que ya se están haciendo sentir en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad creciente en los próximos años o décadas, según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se presentó en Yokohama, Japón. Inclusive estaríamos entrando en año niño agravado que va a condicionar los resultados de la siembra 2015-2016.
La idea central de una propuesta es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como poseen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. Una política que proteja al productor y la agroindustria, la más importante y eficiente del país, debería diseñarse a través de dos instrumentos que ya se usan en todo el mundo:
1. Políticas para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios por medio de subsidio a la prima y/o otros incentivos, para poder aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la prima del seguro. De esa manera aumenta los usos del seguro en productores y proveedores de insumos, que son los directos damnificados.
2. Políticas para crear y administrar un Fondo Nacional Permanente para atender todos los daños de los bienes no asegurables, fondo que atendería exclusivamente a los productores que tengan asegurados sus bienes asegurables.
La idea es que deben tener premio quienes tienen vocación aseguradora, para ir generalizando un sistema público-privado que debe ser solidario, pero no obligatorio para que existan competencias entre las empresas aseguradoras.
Los países con producciones agrícolas importantes, desarrollados y no desarrollados, aplican este tipo de políticas activas.
En EEUU ya tienen coberturas que aseguran los ingresos proyectados del productor. Esto lo pudieron hacer porque hace años vienen trabajando por medio de una acción pública-privada en políticas que atienden los riesgos agrícolas. La nueva ley agrícola sancionada recientemente eliminó todo otro incentivo al sector agropecuario y dispuso exclusivamente mayores subsidios a la prima de los diferentes seguros que tienen por estados, zonas productivas y por productores.
La dirigencia agropecuaria tiene la obligación y responsabilidad de poner el tema en discusión en forma urgente, en defensa de los intereses de los productores - especialmente de los más chicos – por la acción geopolítica que tiene el seguro, para que se consolide definitivamente como una de las políticas de estado indispensable para el agro y la agroindustria en la agenda nacional.
