Vandalismo contra los transportistas de granos
El conflicto no es ajeno para las entidades pero sus efectos y consecuencias hacen inviable el normal desarrollo de la actividad agrícola
Numerosas entidades cooperativistas, gremiales empresarias y de productores salieron a cuestionar con dureza los violentos actos de vandalismo que se vienen produciendo desde el 1 de febrero en los que se golpean a camioneros y desparraman los granos en las rutas.
Los ataques que sufren, por estos días, los transportistas de carga, que afecta a toda la cadena de comercialización de granos.
En ese sentido CONINAGRO expresó su repudio a todo hecho de violencia que “avasalla la propiedad privada y restringe el libre tránsito por rutas y caminos de nuestro país, avalados por la Constitución Nacional”.
El vandalismo impacta negativamente en productores, industria, exportación y en toda la cadena productiva. Es por ello, que instamos a un ámbito de debate como las Mesas de negociación por las tarifas, y promovemos al diálogo y la coincidencia.
“Creemos firmemente en que las leyes deben ser respetadas y que en cada transporte de granos se traslada el esfuerzo de miles de productores argentinos”, aseveró CONINAGRO.
Por su parte, CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), aseguró que la sociedad argentina asiste en los últimos días a “escenas violatorias del libre tránsito, del derecho de propiedad, del respeto a la ley y con fuerte impronta de desorden social, todo ello vinculado a la producción de granos en Argentina”.
Para la entidad el conflicto nos es ajeno, pero las consecuencias no llegan plenamente, inviabilizando la cadena productiva cuyo origen es el campo.
“No es tolerable, ni la violencia, ni el abuso, para reclamar derechos, que pudiendo ser justos, pero el desorden en el que se plantean, la convierten en irracionales”, advirtió la entidad.
Carbap, como un tiro por elevación apuntó a “una justicia ausente, que ve los hechos como si no fuera su obligación repararlos”.
“La justicia tiene el rol de ordenar los reclamos en el marco del derecho, si no deja de ser justicia y se convierte en ausencia de uno de los poderes del estado. El estado debe generar los canales de diálogo que aporten la solución al conflicto, debe actuar rápido y con las potestades que le son propias”, reclamó.
“Mientras eso suceda no solo el campo sufre sus consecuencias, también la sociedad en su conjunto. Parece que no podemos aprender a convivir, a respetar y a canalizar los derechos por las viales legales que correspondan, de lo contrario solo nos aseguramos seguir eternamente estancados”, insistió la entidad.
En tanto, las cuatro cadenas de valor agroindustriales (ACSoja, Argentrigo, Asagir y Maizar) manifiestan también su rechazo y su preocupación frente a manifestaciones de violencia en las rutas argentinas.
“Manifiestan un profundo rechazo a los hechos de violencia y consecuentes daños perpetrados por un grupo de transportistas autoconvocados, quienes impiden la libre circulación del transporte de carga de granos a lo largo y ancho del país”, dijeron en un documento difundido en la tarde del martes.
Para las cadenas de valor la situación generada es inadmisible porque un grupo ínfimo de violentos genera la paralización de todo el sistema de entrega de granos, al afectar a los productores, a la industria, a la exportación y al país en su conjunto. El costo de los fletes es fundamental para la competitividad de las cadenas agroindustriales.
Las cuatro cadenas recordaron al respecto que la Constitución Nacional es bien clara en sus referencias a que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo.
“Nuestro país necesita que se brinden las condiciones necesarias para maximizar la producción y el comercio. Estos hechos de violencia atentan contra el desarrollo sostenible y la generación de producción, empleo y divisas para el país, con el consecuente impacto negativo sobre la sociedad”.
Las Cuatro Cadenas expresaron su descontento y repudio frente a semejantes actos de vandalismo, deseando que se encuentren los canales adecuados de solución basados en el diálogo y en el respeto de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, concluyeron.
El documento lleva la firma de los presidentes : Rodolfo Rossi (Acsoja); David Hughes (Argentrigo); Guillermo Pozzi Jauregui (Asagir) y de Alberto Morelli (Maizar). (NAP)
