martes, 19 de agosto de 2014

Se suman las críticas
por la nueva Ley de Abastecimiento 
El proyecto de Ley refuerza la intervención del Estado en las empresas y además queda facultado para aplicar fuertes multas 
El proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa el Poder Ejecutivo continúa cosechando críticas a las ya hechas por las organizaciones gremiales empresarias y esta vez se sumó Coninagro, que aseguró en un comunicado de prensa que la iniciativa oficialista es un nuevo avasallamiento al proceso productivo del sector privado. 
"El movimiento cooperativo agropecuario siempre sostuvo que el rol del Estado en su responsabilidad de ejercer los debidos controles y fiscalización no debe generar ningún tipo de intervención que distorsione la transparencia de los mercados", sostuvo la entidad liderada por Carlos Garetto. 
El sector público no puede, en un Estado de derecho, violentar al sector privado con el argumento de proteger al consumidor, condicionando los volúmenes, márgenes y precios, añadió la entidad e insistió en que el campo ya sufrió las consecuencias de estas medidas. Desde hace varios años todos los ciudadanos lo padecen: menos carne, menos leche, menos granos, y menos productos que conforman las economías regionales con menos empleo, sumado el agravante de controles de precios e intenciones de manejo de la renta del productor y destacó que "En definitiva, como siempre, los mayores perjudicados son los sectores productivos y los consumidores". 
Las principales organizaciones gremiales del campo, sumado a las cámaras empresarias nacionales más importantes se pronunciaron de diversas formas contra el Proyecto de Ley que el gobierno quiere enviar al Congreso. Los principales cuestionamientos apuntan a las atribuciones que la ley confiere a la “autoridad de aplicación”. Ya que es capaz de establecer -entre otras cosas- márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos en la comercialización. Y también puede disponer la continuidad en la producción, industrialización o comercialización de los distintos productos. 
El proyecto endurece los controles del Estado en materia de abastecimiento de bienes y servicios, a la vez de generar un marco regulatorio en el proceso de formación de precios y autoriza además a los gobernadores y al jefe de Gobierno de Buenos Aires a fijar precios máximos, además de facultar a la Secretaria de Comercio a aplicar fuertes multas, si considera que las empresas no cumplen con esas disposiciones legales. (NAP)